Después de 29 años de aplicación del modelo de salud establecido por la Ley 100 de 1993, nos deja una excelente cobertura, pero un deficiente servicio que adolece de calidad y prontitud en la atención médica de las distintas enfermedades.
Después de 29 años de aplicación del modelo de salud establecido por la Ley 100 de 1993, nos deja una excelente cobertura, pero un deficiente servicio que adolece de calidad y prontitud en la atención médica de las distintas enfermedades.
El debate está en la necesidad de hacer pequeñas reformas al modelo actual de Entidades Promotoras de Salud o por el contrario el planteamiento de un modelo de salud sin la intermediación del privado, lo que obliga un gran dialogo nacional que permita la discusión franca a partir del diagnóstico real que privilegie el servicio de salud como derecho fundamental dejando de lado el negocio lucrativo de unos pocos, pues el excedente financiero debe permitir la investigación científica para nuevos tratamientos, agilidad en el servicio y un régimen laboral estable para el personal al servicio de la salud.
Podemos arrancar por reconocer el diagnóstico esencialmente en cuanto al éxito rotundo en cobertura de afiliación de los Colombianos, pues a través del régimen contributivo y el subsidiado el cubrimiento según datos del Ministerio de Salud casi que llega a la universalidad de vinculados al sistema de salud, no obstante lo anterior, el simple hecho de estar afiliado en cualquiera de los dos regímenes, no asegura una efectiva prestación del servicio, un buen tratamiento, ni la atención debida para buscar el mejoramiento de la salud de los Colombianos, basta por darle el mayor éxito a la Acción de Tutela como el principal mecanismo de salvación de los Colombianos ante los justos reclamos por la demora en los tratamientos, entrega de medicamentos y asignación dilatada de citas de especialistas para enfermedades catastróficas, las cuales han generado un detrimento general de la posibilidad de que los colombianos tengan una debida atención.
En Colombia tenemos un sistema clasista y excluyente permitido por la ley, pues lo normal y lógico dentro del Estado Colombiano es que por ser el derecho fundamental a la salud, recientemente introducido en nuestra Constitución mediante acto legislativo, el servicio de salud debería ser igual para todos y no me refiero al contributivo y subsidiado; nos referimos a las personas que pueden tener medicina prepagada, es decir aquellos pocos Colombianos que tienen capacidad adquisitiva para poder contratar servicios de mejor calidad, nos muestra la inequidad y desigualdad del servicio, pues alrededor del territorio Colombiano, solo aquellos tienen privilegios excluyentes, ya que el afiliado tiene derecho a clínicas únicas y exclusivas para atender medicina prepagada, en donde el servicio sí es rápido, eficaz, oportuno y de buena calidad en detrimento de las mayorías en Colombia.
El modelo de salud a través de entidades promotoras de salud ha establecido una competencia desleal permitida por la ley en detrimento de los hospitales públicos o mejor dicho las empresas sociales del Estado, pues el intermediario privado con los mismos recursos del recaudo de las cotizaciones desde 1993 hasta la fecha, ha ido construyendo y formando empresas privadas prestadoras de salud para la atención directa del servicio y al momento de definir la forma en que se realizan las contrataciones vemos a las EPS privilegiando su propia red privada, entregándole aquellos servicios que contratan y que generan mayor rentabilidad para el privado y dejando a los hospitales públicos con aquellos tratamientos médicos que no le generan igual rentabilidad, demorando a su vez estos intermediarios privados el reconocimiento del pago de los servicios prestados por parte de las empresas sociales del Estado, lo cual ha provocado el desequilibrio financiero de muchos hospitales en Colombia por no recibir los pagos oportunos de las EPS, caso similar que ha ocurrido con el Federico lleras Acosta en el departamento del Tolima y muchos mas hospitales de Colombia.
Definitivamente el actual modelo debe ser cambiado, no veo la justificación de mantenerlo, las entidades promotoras de salud como intermediarios para la administración y contratación del servicio de salud no son necesarias, pues podemos avanzar en un modelo público en el que el Estado maneje directamente la administración y contratación de los servicios de salud a través de prestadores públicos o privados en igualdad de condiciones, se privilegie la investigación científica y el avance tecnológico para mejorar el servicio, se permita un régimen laboral digno y respetable para los trabajadores de la salud, se fortalezcan los hospitales universitarios graduando más especialistas, se avance en la atención prioritaria a las enfermedades catastróficas de forma ágil y oportuna, se mejore la prevención de la enfermedad y permitamos el acceso al servicio en igualdad de condiciones.
