La reciente postulación de Ibagué para albergar el primer Centro Integral de Gestión del Riesgo y Desastres de Colombia ha generado un profundo malestar en el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar Arias, y no es para menos.

Durante meses, la administración municipal adelantó los estudios técnicos, cumplió con los requisitos exigidos y entregó toda la documentación a la Gobernación del Tolima para que este importante proyecto se desarrollara en Armero Guayabal. La propuesta no solo estaba sustentada en argumentos técnicos, sino también en la historia del municipio, marcado por una de las mayores tragedias naturales del país, lo que convierte a este territorio en un escenario idóneo para liderar iniciativas de prevención, capacitación y gestión del riesgo.

El proyecto, que contempla una inversión de 15.000.000.000.mil millones de pesos una oportunidad histórica para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, generar desarrollo regional y posicionar a Armero Guayabal como un referente nacional en materia de gestión del riesgo.

Resulta llamativo que ahora Ibagué pretenda ser nuevamente considerada, especialmente cuando, según se ha informado, no presentó el lote requerido dentro de los plazos establecidos, situación que incluso puso en riesgo la continuidad de la iniciativa. Esto plantea interrogantes sobre los criterios que se están utilizando para definir la sede de un proyecto de esta magnitud.

Armero Guayabal no solo cumplió con los tiempos y requisitos; también cuenta con una carga histórica y simbólica que le otorga un valor incuestionable para albergar un centro de estas características. La memoria de la tragedia de 1985 convierte a este municipio en un lugar donde la gestión del riesgo trasciende la teoría y se convierte en un compromiso permanente con la prevención y la protección de la vida.

Las decisiones sobre proyectos estratégicos deben fundamentarse en el cumplimiento, la planeación y el mérito, no en intereses de última hora. Los habitantes de Armero Guayabal esperan que se respete el trabajo realizado por su administración y que las instituciones competentes garanticen un proceso transparente y coherente con los compromisos previamente adquiridos.

Este proyecto representa mucho más que una infraestructura. Es una oportunidad para hacer justicia con un municipio que ha convertido su historia en una lección para Colombia y que hoy busca liderar el futuro de la gestión del riesgo en el país.